El control y seguridad del centro de privación de la libertad Azuay N° 1, está garantizada aseguraron las autoridades gubernamentales, esto en base a un trabajo integral y coordinado de la fuerza pública con otras instituciones del Estado. Dentro de las acciones ejecutadas, la atención a familiares de las víctimas y a personas privadas de la libertad (PPL) es prioridad para el Gobierno Nacional.

Por su parte, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, indicó que “no existe más personas fallecidas en ninguno de los pabellones”, luego de los actos violentos registrados la madrugada de este domingo. 

Para garantizar los derechos humanos de los PPL se implementó un espacio de atención médica para 130 reclusos, que previamente fueron evacuados de sus pabellones. Esto es posible con el apoyo de la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El resultado de este trabajo permitió la atención de cinco privados de la libertad; dos ya retornaron al centro y tres se encuentran estables en atención, dijo Ramírez.

Además, el SNAI junto a la Secretaría de Derechos Humanos brinda asistencia a los familiares de las víctimas, se han entregado kits de alimentación e hidratación para las personas privadas de libertad. Y todas las garantías necesarias a la empresa que provee la alimentación dentro del centro de rehabilitación para que se retome el servicio.

En cambio, el INEC, Registro Civil y el MSP levantarán la información oficial de la parte sociodemográfica para conocer las condiciones sociales de los privados de la libertad en el Centro de Privación de Libertad Azuay N° 1, aseguró Ramírez.

La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó las acciones que se han ejecutado en las últimas horas desde el Centro Forense, lugar en el que se ha desplegado la atención a los familiares de las víctimas y de otras personas privadas de la libertad: “Estamos brindando toda la información y el acompañamiento”, dijo.

Según, la secretaria Ordóñez sostuvo que la identificación y toma de huellas dactilares; la Fiscalía General del Estado custodia esta información. En las próximas horas se prevé que cinco cuerpos sean entregados a sus familiares y algunos de ellos serán trasladados a sus ciudades: Quito, Macas, Durán y Guayaquil.

Mientras tanto, el Comandante General de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, señaló que las requisas continuarán efectuándose al interior del centro. Hasta el momento se ha identificado 197 indicios balísticos, 50 celulares, 329 dosis de sustancias estupefacientes, 127 armas cortopunzantes y 1.312 litros de alcohol en procesamiento para ingerir al interior.

De igual manera, Cabrera informó que se mantiene el número de 20 fallecidos, de los cuales 19 decesos se dieron en el marco de los hechos violentos y 1 debido a la ingesta de una sustancia química.

Sin embargo, las riñas al interior del centro penitenciario se debió a disputas por el liderazgo al de la organización delincuencial Los Lobos, insistió el comandante de la Policía Nacional.

Una de las acciones para precautelar la seguridad y el orden, se trasladó personal policial especializado en el mantenimiento del orden, levantamiento de cadáveres y medicina forense desde Quito. 850 efectivos policiales se encuentran en el CPL para garantizar el orden.

De su lado, el director de operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Agustín Proaño, recalcó que se mantiene la operación articulada para el absoluto control del centro de rehabilitación social, en el marco de sus competencias: “El compromiso de las Fuerzas Armadas es continuar con el contingente y apoyo de acuerdo al requerimiento de las autoridades”.

Finalmente, el secretario General de Comunicación, Eduardo Bonilla, solicitó a la ciudadanía informarse por los canales oficiales. El Gobierno Nacional, con absoluta transparencia detallará los avances para mantener el control y la seguridad en los centros penitenciarios, respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, precisó.