El Gobierno Nacional preocupado por mantener el orden y la seguridad en el sistema carcelario del país, ha desplegado procesos integrales, informaron este martes 5 de abril 2022.

Según, la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, explicó las acciones urgentes aplicadas este fin de semana desde el gobierno mediante el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social. Por ejemplo, se instaló en el Centro Forense un puesto de mando para el eje social que atiende a las familias de los privados de la libertad. Desde este espacio se coordinó los servicios de primeros auxilios psicológicos para más de 205 personas; atención médica; cuidado a los niños, niñas y adolescentes que acudieron con los familiares; entre otras.

Además, se han identificado 20 cuerpos, de los cuales 15 de ellos ya han sido entregados a sus familiares, coordinando su traslado.

Así mismo, Ordóñez sostuvo que está en marcha la política pública de rehabilitación social con enfoque de derechos humanos, trabajamos para reducir el hacinamiento de los centros de privación de libertad mediante la emisión de indultos: “se han procedido a generar 330 indultos a PPL en el marco del Decreto Ejecutivo n.° 355.

Por su parte, el secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, aseguró que este martes desplegaron la atención médica y psicológica a más de 120 mujeres privadas de libertad del Centro de Privación de Libertad de Azuay N°1.

Por lo que,  Bonilla reiteró que la seguridad es prioridad y se trabaja en la inclusión de más guías penitenciarios.

Para el director del Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Pablo Ramírez, al momento, el Centro de Privación de Libertad Azuay N°1 se encuentra bajo el control total del Estado. Destacó que las acciones coordinadas el domingo 3 de abril con: la evacuación de 130 personas privadas de libertad que se encontraban en el fuego cruzado y la atención médica a cinco reclusos heridos por los actos de violencia.

Sin embargo, el SNAI, desde diciembre del 2021, está enfocada en la ejecución el plan estratégico del sistema de rehabilitación, para reducir el hacinamiento carcelario a 0 % a diciembre 2022.

Mientras tanto, el General Pablo Ramírez dijo que está en marcha la convocatoria de postulación para la vigilancia penitenciaria, espera la profesionalización e incorporación de 1.400 guías, con la consigna que en el 2023 las cárceles cuenten con 3.000 agentes.

También, se invirtió cerca de 30 millones de dólares para centros carcelarios priorizados. Y parte de este presupuesto fue para la cárcel de Turi (en Cuenca), insistió Ramírez.

Finalmente, el Gobierno Nacional enfrentó la crisis tras la decisión del presidente Lasso de separar el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno. Esto permitió “una acción más rápida, inmediata e interinstitucional.