El Municipio de Quito solicitó a la Procuraduría General del Estado un informe de legalidad sobre el proceso de “Concurso público de rutas y frecuencias” efectuado en junio del 2021, debido a cuestionamientos presentados por parte de los operadores participantes del transporte público.

El informe de la Procuraduría General del Estado determinó que es de competencia exclusiva del municipio de Quito iniciar las acciones judiciales necesarias para declarar la nulidad de dicho proceso, cuyo anuncio lo realizó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, durante la socialización del informe que emitió dicho organismo público. El evento se desarrolló este 1 de julio 2022, en el Auditorio de la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar, en el que participaron los representantes de las 65 operadoras del DMQ.

Según, Guarderas las conclusiones y recomendaciones que contempla el informe recoge algunas imprecisiones del proceso; las que fueron expuestas a los representantes de los operadores.

“Esta administración se basa en acciones transparentes, la equidad y justicia en beneficio de la ciudad, por lo cual se iniciarán las acciones al amparo de la ley, la demanda de nulidad del proceso de licitación de rutas y frecuencias y se planteará un plan de contingencia del transporte urbano, con el fin de llevar adelante mesas técnicas de trabajo con miras a lograr una propuesta en beneficio de la ciudadanía”, precisó el alcalde.

Por su parte, el sector del transporte respaldó la propuesta de alcalde de Quito.

Mientras tanto, se desarrollan las mesas de trabajo y evacúan el litigio jurídico, el servicio de transporte público está garantizado para los usuarios de la capital que usan todos los días el sistema.

Para Gisel Paredes, Secretaria de Movilidad (E), existió un concurso realizado en el año 2021 para la asignación de rutas y frecuencias del Distrito Metropolitano, en base a la Ordenanza N.017 del 2020, luego de haber algunos reclamos de los operadores participantes, se presentó  a la Procuraduría General del Estado la consulta y genere el trámite de análisis sobre la legalidad del procedimiento, el informe llegó en estos días, explicó.

Además, Paredes sostuvo que considerando el procedimiento llegó hasta la fase de suscripción de contratos, por lo que, es necesario hacer una demanda de nulidad; este es un tema que se analiza en la Procuraduría Metropolitana para establecer el mecanismo que permita dar cumplimiento a la recomendación del Procurador General del Estado.

Esto está atado a la reforma de la Ordenanza 017 del 2020 que será presentada ante la Comisión de Movilidad y luego debatida en el concejo. De manera simultánea se trabajará en el plan que permita tener una operación organizada para el mes de diciembre cuando entre en operación el Metro Quito, dijo Gisel Paredes.

Las recomendaciones de la Procuraduría General del Estado destaca que se debe garantizar el servicio de transporte y se dará cumplimiento con una estructuración entre el ejecutivo y legislativo para que la atención a la ciudadanía no se vea afectada o se detenga, hasta que se supere el tema jurídico.

Finalmente, Ney Jiménez, gerente del Corredor Central Norte, expresó que la socialización con el alcalde y la Secretaría de Movilidad es positiva, tras reconocer la facultad del municipio a demandar la nulidad del proceso y participarán en las mesas de trabajo para que el servicio siga adelante.