Este 18 de mayo 2022, el procurador metropolitano, Sandro Vallejo, alertó que acciones de protección contra empresas municipales de Quito, se han interpuesto en las unidades judiciales de la ciudad de Guayaquil. “Esperamos que los jueces fallen apegados a derecho y determinen la incompetencia para conocer casos que deben litigarse en Quito”, indicó.

Además, Vallejo explicó que los contratos y todos sus efectos jurídicos se desarrollan en el Distrito Metropolitano de Quito.  “Estamos pendientes de la actuación de los jueces, en apego a la normativa legal”, tras cuestionar las prácticas asumidas por los contratistas que presentan sus demandas en juzgados fuera de la jurisdicción.

En el caso de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS), este jueves 19 de mayo de 2022 a las 12h00 se reinstalará la audiencia en la Unidad Judicial Sur Penal Valdivia de Guayaquil, para escuchar la resolución del Juez, respecto de la acción de protección presentada por la empresa TECHNOMACRO S.A. 

Según, Othón Zevallos, gerente general de la empresa Agua de Quito, en el 2019 se suscribió el contrato para la rehabilitación integral emergente del sistema de bombeo del sistema Papallacta Integrado por 16´446 550.00 dólares. El contrato se firmó sin concurso previo, derivado de una supuesta “emergencia” en el sistema de bombeo Papallacta, cuando “nunca hubo falla y en ese tiempo, no existió desabastecimiento”. El contrato está siendo observado por Contraloría y Fiscalía.

Mientras tanto, durante “la ejecución, la administración anterior otorgó cuatro extensiones de plazo, el contrato no se va a cumplir, por lo que en legítimo derecho y en defensa de los intereses de la ciudadanía multamos a la empresa”, dijo el gerente general de EPMAPS, el 5 de mayo de 2022, la EPMAPS fue notificada con la acción de protección interpuesta por la compañía TECHNOMACRO S.A., impugnando las multas impuestas por incumplimientos contractuales. Acción de protección presentada en la Unidad Judicial Sur Penal con Sede en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Finalmente, “la EPMAPS solicitó al juez declare incompetente porqué está expresamente dentro del contrato que cualquier controversia debe resolverse en Quito”, ratificó Zevallos.