El Consejo de la Judicatura condenó enérgicamente los actos de intimidación ocurridos este 11 de mayo 2023, en las provincias de Pichincha, Manabí e Imbabura donde se registraron amenazas de bomba en el edificio matriz de la institución en Quito, los edificios de las direcciones provinciales ubicados en Ibarra y Portoviejo.

Estos actos de intimidación son inaceptables en una sociedad democrática y representan un ataque directo a la independencia judicial y al Estado de Derecho.

Como institución comprometida con la promoción y defensa de los valores democráticos demandamos del Gobierno seguridad para los usuarios del sistema de justicia y para los servidores judiciales.

La Función Judicial es un elemento clave para el desarrollo de la sociedad ya que es la encargada de garantizar que se cumplan las leyes, así como de proteger los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

Hacemos un llamado a las autoridades competentes para que investiguen estos actos y se tomen medidas efectivas para garantizar la independencia judicial.

El COE Nacional del Ecuador se acogió a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de poner fin a la emergencia en salud pública de importancia internacional, anunciada el 5 de mayo de 2023, a causa de la COVID-19.

El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, junto al vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Salud Pública, José Ruales y otras autoridades del Estado.

La decisión fue adoptada luego que el COE aprobó el informe técnico presentado por el Ministerio de Salud Pública, en el que resuelve que el país tiene un alto nivel de inmunidad, stock suficiente de vacunas y un proceso exitoso de inmunización.

Además, tiene una gestión apropiada para casos clínicos en los establecimientos de salud, la emergencia concluyó luego de 1.221 días.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, José Ruales, informó que el Ecuador alcanzó el 85% de vacunación contra la COVID-19 con esquema completo, que equivale a 14.2 millones de dosis aplicadas. Y que con el primer refuerzo se llegó al 56%, con 7.7 millones de dosis suministradas.

El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la empresa privada, academia, sociedad civil, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, demás instituciones y organismos internacionales, ha aplicado cerca de 40 millones de dosis contra esta enfermedad.

“Damos por terminada la emergencia en salud pública de importancia internacional y cerramos el COE Nacional por COVID-19”, dijo el ministro Ruales.

Así mismo, destacó que pese a mantenerse el contagio del virus, el país no está en riesgo de propagación de la enfermedad como otros países del mundo.

Según, los registros epidemiológicos del MSP de marzo del 2020 a mayo 2023, el Ecuador tuvo 1.065.013 casos confirmados de COVID-19 por laboratorio y 67.527 defunciones (confirmadas y probables).

En cambio, el exceso de mortalidad en el primer año de pandemia alcanzó el 55% y en el 2023 es del 4%.

A pesar del levantamiento de la emergencia, el MSP continúa ofertando dosis contra esta enfermedad a la población, con énfasis en adultos mayores de 65 años y que tengan enfermedades crónicas o problemas inmunológicos.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública, hizo varias recomendaciones como: utilizar mascarilla en hospitales, centros de salud y laboratorios clínicos. En caso de diagnóstico por COVID-19 o síntomas respiratorios, ocupar mascarilla en aglomeraciones, transporte público o lugares cerrados.  “El MSP mantendrá una vigilancia epidemiológica clave para COVID-19, influenza y otros virus respiratorios”.

Finalmente, Ruales anunció que la inmunización contra esta enfermedad se incluirá en el esquema regular. “Se definirá si será una vacunación anual o semestral y empezaremos en junio del 2023. Un primer cargamento de 360 mil vacunas bivalentes de Pfizer llegará, a través del mecanismo COVAX”, puntualizó.

Entre el 16 de febrero y el 28 de abril 2023, el Consejo de la Judicatura ha nombrado 18 jueces (dos permanentes y 16 temporales) para las provincias de Tungurahua, Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Santa Elena y Guayas.

El nombramiento de los administradores de justicia se dio en cumplimiento estricto del respectivo banco de elegibles y permitirá fortalecer la cobertura judicial en las seis provincias, indicó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán.

Además, los jueces fueron designados para atender procesos que se encuentran relacionados, con lo civil, mercantil, laboral, adolescentes infractores, familia, penal y garantías penales.

Así mismo, la designación fue aprobada por el Pleno del CJ, en base al artículo 264, numerales 1 y 10 del Código Orgánico de la Función Judicial, a través de las resoluciones 048-2023, 052-2023, 057-2023, 060-2023, 070-2023, 069-2023, 071-2023 y 072-2023 que están publicadas en la página web del Consejo de la Judicatura.

El fortalecimiento de la Función Judicial es uno de los ejes estratégicos de gestión del Consejo de la Judicatura y en este marco, la institución ejecuta acciones para garantizar el acceso de los ecuatorianos a un servicio oportuno y eficiente.

El “Atlas de la Salud y el “Resumen del Diagnóstico Situacional de Salud” una iniciativa del Distrito Metropolitano de Quito 2022, por la secretaría de Salud, tiene como objetivo proporcionar información que pueda ser utilizada para la acción sanitaria por parte del personal de salud, gobierno y líderes para orientar las políticas y los programas de salud pública en la capital. En el evento participó el ministro de Salud Pública, José Ruales, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, entre otros.

Además, José Ruales destacó el trabajo de la secretaria de Salud y el Municipio de Quito plasmado en productos que aportan a la formulación de políticas y acciones en salud. “El Atlas es la muestra de una distribución espacial de la población, la enfermedad, mortalidad, embarazo adolescente, atención hospitalaria y ambulatoria”, dijo.

Así mismo, el Atlas de Salud contiene información descriptiva a nivel parroquial, cuenta con mapas y tablas que muestran varios análisis sobre Quito y su territorio, la caracterización socio-demográfica, estado de salud, oferta de servicios sanitarios y asistenciales en el DMQ. Esta herramienta es una fuente de análisis de información visual, gráfica y estadística.

Mientras tanto, el diagnóstico situacional de salud del DMQ, evidencia un análisis de los determinantes que inciden en la salud de la población de Quito, los perfiles de morbilidad y mortalidad. El documento examina el estado actual en salud de las parroquias y planifica mejoras urbanas en este contexto.

Por su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, indicó que estos instrumentos se desarrollaron en el lapso de nueve meses con información de fuentes importantes como el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y varias instituciones municipales. “Con estas herramientas, Quito dispone de documentos clave para el análisis de los procesos de salud enfermedad de la población, para generar conocimientos en el desarrollo de políticas públicas y de salud”.

En cambio, Francisco Viteri, secretario de Salud del Municipio de Quito, resaltó la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, pilares fundamentales en la gestión de los municipios. “La construcción del Atlas de Salud tiene un enfoque en la experiencia del servicio municipal, tiene un aporte académico para la formación del personal de la salud pública”.

Finalmente, el ministro de Salud señaló que “este esfuerzo permitirá avanzar de una manera sólida en la toma de decisiones, lo importante es que los insumos que aquí se presentan sean utilizados, aplicados y adoptados en el futuro como un aporte a la planificación y desarrollo de estrategias a nivel local y nacional”, precisó.

El Consejo de la Judicatura expidió el Reglamento para garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas refugiadas y/o solicitantes de asilo que actúan como partes procesales en cualquier tipo de procedimiento judicial incluyendo las fases y etapas preprocesales de los procedimientos penales y no penales.

Además, el Reglamento aprobado a través de la resolución 054-2023, es de cumplimiento obligatorio para los servidores judiciales y con él, se regula el ingreso, registro, manejo y gestión de la información de las personas.

Así mismo, el reglamento incluye un glosario de términos relacionados con el estatus de refugio y asilo; como lineamientos generales para mantener en el anonimato la información de las personas cuyos datos van a ser protegidos.

También, tiene las directrices para la generación de reportes trimestrales de aquellos procesos que serán ocultados del módulo de consulta de causas.

Con la aprobación del Reglamento, el Consejo de la Judicatura da cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional No. 983-18-JP/21, del 25 de agosto de 2021.

Mientras tanto, la sentencia dispone que el Consejo de la Judicatura adapte los procedimientos de registro de actuaciones judiciales a los estándares convencionales y legales de protección de personas refugiadas, respecto a la confidencialidad de sus datos.

Con la resolución, el Consejo de la Judicatura reafirmó el compromiso de garantizar el acceso eficaz  de los ciudadanos al sistema de justicia, como lo promueve el presidente Wilman Terán.

La empresa biofarmacéutica Roche con 125 años en el mundo y más de 40 en el Ecuador, desarrolló el evento científico que tuvo a tres especialistas internacionales para compartir con la comunidad médica su innovación para el tratamiento del edema macular diabético (EMD) y la degeneración macular asociada a la edad (DMAE). Ecuador, es el primer país en Sudamérica en contar con esta innovación que permitirá el manejo de estas dos patologías que deterioran rápidamente la calidad de la visión de los pacientes.

Además, Roche es pionera en la investigación y desarrollo de productos para el diagnóstico y tratamientos innovadores para el manejo de diversas patologías.

Así mismo, la empresa internacional tiene el compromiso de generar avances en la ciencia para mejorar la vida de las personas. La integración de las áreas farmacéutica y diagnóstica bajo un mismo techo, así como su capacidad creciente en el ámbito del conocimiento médico basado en datos, ayudan a ofrecer una auténtica atención personalizada.

Por lo que, la oftalmología es una área de actividad fundamental para Roche, por eso, sus equipos trabajan para descubrir y desarrollar terapias pioneras y soluciones innovadoras, con el objetivo de redefinir los estándares de atención para las personas que viven con algunas de las principales enfermedades que causan pérdida de la visión.

En cambio, con diferentes aliados del sector de la salud a través de una alianza estratégica buscar proporcionar el mejor tratamiento para cada paciente y mediante terapias pioneras, centra en salvar la visión de quienes están expuestos a las principales causas de su pérdida.

De esta manera, Roche pone a disposición del país un tratamiento que supone un gran avance en el manejo de enfermedades de la retina como la degeneración macular asociada a la edad   y el edema macular diabético. Esta innovación representa un paso muy importante para la oftalmología, permitiendo a los pacientes mejorar su visión, reduciendo potencialmente la carga asociada al tratamiento.

El Consejo de la Judicatura culminó con éxito el despliegue, a escala nacional, del Expediente Electrónico ESatje2020. De esta forma, se cumple lo dispuesto en la “Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual” y el país avanza hacia la transformación digital de la justicia.

En la página web del Consejo de la Judicatura se habilitó el nuevo módulo de Consulta de Procesos Judiciales, este 07 de mayo 2023, a través del cual, la ciudadanía puede buscar causas y consultar la información visible de las actuaciones judiciales de los órganos jurisdiccionales y los datos generados por el sistema E-SATJE 2020.

Además, estas acciones fueron ejecutadas por autogestión del Consejo de la Judicatura, dijo el presidente del CNJ, Wilman Terán. “Esta herramienta está orientada a ser el pilar de la transformación digital de la justicia, facilitará la búsqueda de la información de las actuaciones judiciales y la información generada por el sistema de forma automática”.

Así mismo, Terán aseguró una vez que se realice la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Finanzas, de acuerdo a lo establecido en la Disposición General Primera de la “Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual”, se realizarán acciones adicionales que permitirán mejoras tecnológicas orientadas a consolidar la gestión judicial electrónica en todo el país.

También, el expediente electrónico se encuentra protegido por sistemas de seguridad y para su consulta y acceso, emplea microservicios que garantizan los principios de preservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad, autenticación, autorización, auditoría y protección.

La implementación del Expediente Electrónico Judicial se desarrolló de forma progresiva en todo el país. Para el efecto, se coordinaron acciones con las respectivas direcciones provinciales, dentro de las cuales se destacan los procesos de capacitación dirigidos a servidores jurisdiccionales y administrativos.

La Comisión de Fiscalización en la sesión de este sábado 6 de mayo 2023, después  de seis horas no contó con los votos para aprobar el informe del juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, entre las conclusiones señalaba no recomendar el juicio político al Mandatario.

Luego, de la lectura del informe, los asambleístas integrantes de la comisión expusieron sus criterios sobre la valoración de las pruebas de cargo y de descargo tanto por los solicitantes del juicio político, como por la defensa técnica del presidente Lasso. Intervinieron siete de los nueve comisionados.

Por su parte, los asambleístas Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya coincidieron en que el documento preparado por el equipo técnico recoge con precisión las pruebas actuadas en el proceso y detalla la debilidad de los argumentos de los solicitantes del juicio, que no han podido establecer el vínculo causal de los presuntos hechos que configuraban el peculado, con la responsabilidad política del Presidente Lasso, considerando que no se demostró la existencia de un perjuicio económico para el Estado del cual los funcionarios hubiesen abusado, apropiado, distraído o dispuesto en beneficio propio o de terceros, explicaron.

Mientras tanto, los parlamentarios como Roberto Cuero, Gabriela Molina, Comps Córdova y Bruno Segovia, coincidieron que el informe no responde a las pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político, a su criterio demostraron la responsabilidad política del presidente de la República, porque sabía de los actos de corrupción que se estaban cometiendo en las empresas públicas, concretamente en la contratación de servicios de fletamento petrolero entre la Empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas TANKERS; calificando de sesgado el texto del informe propuesto por el equipo técnico de la comisión de Fiscalización.

Finalmente, la propuesta de la asambleísta Ana Belén Cordero de CREO,  que recomendaba aprobar el informe debatido por la Comisión de Fiscalización y Control Político alcanzó cuatro votos a favor y cinco votos en contra, lo cual impidió su aprobación.