La ministra de Gobierno, Alexandra Vela informó que el operativo del 13 de febrero en la provincia del Napo, contra la minería ilegal en el sector de Yutzupino se ha establecido el control absoluto en el área.

Además, Vela indicó que se han decomisado 48 retroexcavadoras y se ha identificado las  matrículas de la maquinaria, 27 han sido llevadas ya a un centro de acopio que se encuentra bajo el control de la autoridad judicial.

Así mismo, la ministra señaló que han encontrado 10 bombas de agua, 7 motores y están pasando a la segunda fase, el objetivo del Gobierno Nacional es garantizar que no exista minería ilegal, de ningún tipo, en ninguna parte del Ecuador.

Según, Alexandra Vela es el inicio para frenar las actividades de este tipo de carácter extractivo que destruye la naturaleza, el río, envenenado el aguas y consecuencia de esto envenena los peces, no vamos a permitir que siga pasando en este sector, no volverá ningún tipo de actividad extractiva ilegal, dijo.

“El objetivo de gobierno no es atacar a la gente que hace minería de carácter ancestral en las cuencas, lo que busca el Gobierno es eliminar la actividad de las empresas que están presentes en la explotación ilegal”, explicó.

Sin lugar a equivocarnos, está es una actividad empresarial porque requiere de muchísimo dinero y eso lo podemos ver con un simple ejemplo, cada máquina de las que hemos incautado y que se encuentran bajo la autoridad judicial, de estas 27 máquinas tiene un costo de entre 180 y 250 mil dólares, ningún minero de carácter artesanal en batea tienen estos recursos. “Es una actividad empresarial, equivalente al narcotráfico, actividad desarrollada en el mismo nivel que una empresa de narcotraficantes, no va más y en este río, no van a volver”, aseguró.

La intención es recuperar el río, hacer que vuelva a ser un río transparente, permanezca dentro del cauce natural, proteger la tierra, iniciar una fase de revegetación y hacer las auditorías ambientales de manera que como consecuencia de eso se puedan aplicar los programas de recuperación completa del río, afirmó.

Por otro lado, recuperar la salud de las personas, porqué al ingerir el agua del río podrían estar envenenarse con la pesca de peces aguas abajo, corriendo un grave riesgo, dejar el cauce seco, no queremos que cuando venga en un mes o dos meses las correntadas producto de las lluvias y se llene el río, vuelve el riesgo de una inundación 300 metros abajo en las comunidades, vamos a seguir adelante hasta culminar todas las fases de este proceso y aspiran levantar una ficha médica para ver el grado afectación y proteger la salud de todos, expresó Vela.

Por su parte, el Ministro de Energía y Mina, Recurso Naturales no Renovables, insistió que de acuerdo a lo señalado en la Asamblea Nacional la decisión de suspender toda actividad minera en la provincia del Napo, está en firme pero estará concretada máximos el próximo viernes una vez que se obtenga de parte de la Agencia de Regulación y Control el informe que justifica la resolución.

Mientras tanto, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela enfatizó que hasta este momento la Ley de Minería autoriza y permite cierto tipo de acciones cuando se encuentra maquinaria realizando actividad ilegal, “quiero decir con toda claridad que esa que la legislación que no ha sido utilizada adecuadamente porque ha habido una especie de temor reverencial”. Amparados en el que el Código del Medio Ambiental que menos ha sido aplicadas, permite el decomiso, es lo que se ha aplicado en este momento, que es una figura legal para retener la maquinaria y tiene una consecuencia jurídica, el juez puede disponer la destrucción de la maquinaria, precisó.

Sin embargo, si la máquina pertenece a una institución de carácter público, sea está en cualquier nivel, tenemos las disposiciones legales para actuar, nadie va dejar una propiedad que vale 250.000 dólares, tirada en la mitad del cauce de un río seco, puntualizó.

Tenemos que ser enfáticos con la justicia levantamos las piezas procesales con acciones de carácter fiscal en conjunto con la Fiscalía y se solicitan los jueces la posibilidad de intervención en este caso desgraciadamente no tenemos el respaldo de la Judicatura ubicada específicamente en la provincia, retrasa los procesos de intervención,  pero toda actuación debe tener un marco legal, añadió.

Finalmente, la ministra de Gobierno destacó la presencia de la  DINAPEN en el sector porque también hay casos de violencia intrafamiliar en contra de menores, abuso sexual, trata de personas, lavado de activos, todo tipo de actividad ilegal y todos esos delitos conexos los estamos persiguiendo, no permitiremos que se vuelva a hacer minería en ese lugar y que la naturaleza siga siendo afecta.

La asambleísta de Pachakutik por la provincia de Bolívar, Mireya Pazmiño indicó que la solicitud de juicio político es para cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por dos causales y tienen las pruebas, una de ellas es la falta de transparencia para la nominación de las autoridades de control y la otra la abrogación de funciones al pretender cambiar o modificar el reglamento aprobado en agosto del 2021, cuál es el interés que tienen al querer modificar o cambiar las reglas para nombrar a las autoridades  de control del Estado.

Además, las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo a la Constitución en su artículo 208 numeral 10, 11 y 12 es designar a todas las autoridades de control, sostuvo Pazmiño.

Así mismo,la asambleísta MireyaPazmiño señaló quela solicitud dejuicio político es con el respaldo de 72 firmas y ocho firmas que llegaron a destiempo una vez presentado el pedido de fiscalización.

“Nadie le hace el juego a Nadie, este es un proceso de fiscalización a cuatro consejeros del CPCCS, por dos causales que tiene el respaldo que señala la Ley, lo que digan o no, es otro tema muy diferente, la solicitud de juicio político está presentado y seguirá el proceso que indica la Ley”, manifestó.

Finalmente, los cuatro consejeros son: Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán.