Con una exposición técnica y documentada, el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, explicó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional las falencias jurídicas que tenían los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que en 2019 no aprobaron la evaluación.

Durante la comparecencia Morillo este sábado 13 de agosto de 2022, junto al presidente del CJ, Fausto Murillo, Maribel Barreno; la expresidenta María del Carmen Maldonado asistió de forma virtual.

Además, Morillo detalló cómo los juzgadores retardaban sin razón el despacho de las causas. Por ejemplo, la exjuzgadora María del Carmen Espinosa registró 1.150 días de retraso injustificado en un proceso. Miguel Jurado Fabara tiene 24 retrasos, Sylvia Sánchez 28, Cynthia Guerrero 13, Pablo Tinajero 12, entre otros.

“Esto demuestra cómo la administración de justicia era selectiva. Es decir, las sentencias que querían las sacaban y las que no, las dejaban (guardadas). Ese es el grado de justicia que teníamos y que encontramos en el proceso de evaluación, afectando directamente al usuario”, sostuvo.

Así mismo, el Vocal expuso información proporcionada por la Contraloría General del Estado, que demuestra cómo el removido juez Pablo Tinajero presentó una declaración jurada de bienes no elevada a documento público en una notaría. Mientras que María Rosa Merchán presentó una declaración juramentada de otra persona.  

Con estos antecedentes, Morillo aseguró que la remoción de los juzgadores fue justificada y que se adoptó con base en parámetros técnicos y transparentes. El artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que la evaluación a los jueces y conjueces de la CNJ será periódica.

La evaluación de 2019 se ejecutó aplicando los artículos 178 y 187 de la Constitución.

Para el vocal Morillo ese proceso fue constitucional y no buscó analizar ni cambiar decisiones jurisdiccionales, pues esos fallos están ejecutoriados.

La evaluación estuvo acompañada de Comités de Expertos y Apoyo que no fueron puestos a dedo. Se realizó convocatorias a universidades como: Simón Bolívar, Católica Santiago de Guayaquil, Espíritu Santo, Nacional de Loja, San Francisco de Quito, Central del Ecuador, de Cuenca y el IAEN.

Finalmente, al no existir pruebas, Morillo solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, rechace el pedido de juicio político, precisó.

En el cuartel Modelo de Guayaquil, el ministro del Interior, Patricio Carrillo; Gobierno, Francisco Jiménez; el secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez; el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, este domingo 14 de agosto 2022, informaron sobre el ataque terrorista registrado esta madrugada en el sector del Cristo del Consuelo, suroeste de la urbe.

El hecho dejó cinco personas fallecidas, dos mujeres y tres hombres, así como 17 heridos, dos en estado crítico y 15 ambulatorios, incluso algunos ya fueron dados de alta, dijo el ministro Carrillo.

Además, el ministro del Interior se solidarizó con las familias de los fallecidos, sostuvo que es un problema muy complejo que viene en crecimiento. Ante los hechos, el Gobierno Nacional dispuso la movilización inmediata del personal de los ejes investigativo y de inteligencia policial para que den con los responsables de estos actos violentos y sus motivaciones. Están activadas las unidades de Criminalística, Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, Unidad de Armas y Explosivos, Unidad de Inteligencia Penitenciaria, Unidad de Delitos Transnacionales, entre otras.

Por lo que, el ministro Carrillo señaló que ya se recogieron indicios que permitirán hacer trazabilidad de la información, destacando que los explosivos sean granadas de uso policial o militar: “son químicos utilizados de manera casera que tienen alta letalidad. La onda expansiva podría alcanzar entre 50 y 70 metros”.

También, el atentado estaba dirigido a alias ‘Cucaracha’, una persona residente del sector, al igual que a alias Junior, quienes aparentemente tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominada “Los Tiguerones”.

De igual forma, el ministro manifestó que de las 15 personas que ya salieron de las casas de salud, la mayoría se acogieron al silencio y prefieren no aportar con las investigaciones.

Mientras tanto,  se entregará una recompensa de 10.000 dólares, para quienes brinden datos significativos para la investigación, al 1800 Delito (335486).

Sin embargo, “tras 10 horas del evento y seis horas de anunciada la recompensa no encontramos una sola llamada”, aseguró.

“Este no es un problema de las instituciones, no es un problema de los ciudadanos, este es un problema del Estado ecuatoriano y tenemos que resolverlo entre todos, la administración de justicia, con el Sistema Penitenciario, desde la Legislatura verificando las dinámicas que ahora están funcionando e impiden que tengamos mejores resultados”, insistió el ministro.

Por su parte, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública, aseveró que mediante Decreto Ejecutivo 527, el Gobierno Nacional estableció por 30 días, un estado de excepción en la ciudad de Guayaquil, con el fin de reestablecer el orden y la seguridad en la ciudad, para ello, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas conformarán una Fuerza de Tarea. “Se castigará a quienes pretenden generar caos en la ciudad por vía de actos terroristas”.

Finalmente, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, destacó que el Gobierno Nacional ha dado pasos importantes para la repotenciación de aspectos de infraestructura y logística para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “Este problema no se generó ayer, son condiciones arrastradas en los últimos 15 años” y llamó a trabajar de manera coordinada junto al municipio y combatir la delincuencia.