Con una exposición técnica y documentada, el vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, explicó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional las falencias jurídicas que tenían los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia que en 2019 no aprobaron la evaluación.

Durante la comparecencia Morillo este sábado 13 de agosto de 2022, junto al presidente del CJ, Fausto Murillo, Maribel Barreno; la expresidenta María del Carmen Maldonado asistió de forma virtual.

Además, Morillo detalló cómo los juzgadores retardaban sin razón el despacho de las causas. Por ejemplo, la exjuzgadora María del Carmen Espinosa registró 1.150 días de retraso injustificado en un proceso. Miguel Jurado Fabara tiene 24 retrasos, Sylvia Sánchez 28, Cynthia Guerrero 13, Pablo Tinajero 12, entre otros.

“Esto demuestra cómo la administración de justicia era selectiva. Es decir, las sentencias que querían las sacaban y las que no, las dejaban (guardadas). Ese es el grado de justicia que teníamos y que encontramos en el proceso de evaluación, afectando directamente al usuario”, sostuvo.

Así mismo, el Vocal expuso información proporcionada por la Contraloría General del Estado, que demuestra cómo el removido juez Pablo Tinajero presentó una declaración jurada de bienes no elevada a documento público en una notaría. Mientras que María Rosa Merchán presentó una declaración juramentada de otra persona.  

Con estos antecedentes, Morillo aseguró que la remoción de los juzgadores fue justificada y que se adoptó con base en parámetros técnicos y transparentes. El artículo 88 del Código Orgánico de la Función Judicial determina que la evaluación a los jueces y conjueces de la CNJ será periódica.

La evaluación de 2019 se ejecutó aplicando los artículos 178 y 187 de la Constitución.

Para el vocal Morillo ese proceso fue constitucional y no buscó analizar ni cambiar decisiones jurisdiccionales, pues esos fallos están ejecutoriados.

La evaluación estuvo acompañada de Comités de Expertos y Apoyo que no fueron puestos a dedo. Se realizó convocatorias a universidades como: Simón Bolívar, Católica Santiago de Guayaquil, Espíritu Santo, Nacional de Loja, San Francisco de Quito, Central del Ecuador, de Cuenca y el IAEN.

Finalmente, al no existir pruebas, Morillo solicitó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, rechace el pedido de juicio político, precisó.