JUDICATURA DE PICHINCHA FIRMÓ CONVENIO PARA CAPACITAR A AGENTES METROPOLITANOS, TRÁNSITO Y BOMBEROS EN TEMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR

 

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas y el Consejo de Protección de Derechos suscribió un convenio Interinstitucional de Cooperación con el Consejo de la Judicatura (CJ), la Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Seguridad y la Unidad Patronato Municipal San José, para impulsar procesos de sensibilización sobre violencia intrafamiliar, el evento se desarrolló Palacio de Cristal del Itchimbia.

Además, estos procesos están dirigidos a aproximadamente 2.500 funcionarios de entidades uniformadas del Municipio de Quito, como Policía Metropolitana, Agencia Metropolitana de Tránsito y Cuerpo de Bomberos y se realizan con la finalidad de contribuir con la prevención de la violencia de género e intrafamiliar y todas las formas de violencia.

Así mismo, estos talleres de capacitación y actualización de conocimientos, tendrán un enfoque de derechos humanos y de género, como de prevención de todo tipo de violencias.

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura de Pichincha, destacó la importancia del acompañamiento de las víctimas de violencia para defender sus derechos, la erradicación de todas las formas de violencia y la necesidad de establecer la Cultura de Paz, para contribuir a la construcción de un “Quito Digno”.

Por lo que, el objetivo de este instrumento de desarrollo sostenible, establecido por las Naciones Unidas, es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas. “La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los manuales esenciales para construir un mundo pacifico, próspero y sostenible”, sostuvo el Director Provincial de la Judicatura de Pichincha.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura trabaja de forma articulada con las demás instituciones participantes, en el ámbito de las competencias que tiene esta Institución y que se encuentran estipuladas en la Constitución, para contribuir a la paz social y a la seguridad jurídica, afianzando la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia, precisaron.

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