El presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó los lineamientos Generales de la Política Pública Anticorrupción, para prevenir este flagelo, en el marco del Día Internacional de lucha contra la corrupción.

El evento se realizó en la Universidad Andina Simón Bolívar, ratificando el compromiso del Gobierno Nacional, el objetivo es  prevenir, detectar y combatir la corrupción. “Desde el primer día de mi Gobierno, dije la prioridad será la lucha contra la corrupción,  desde todas las instancias del Ejecutivo, cumplimos a cabalidad esta promesa”, indicó el Primer Mandatario.

Los lineamientos generales de la Política Pública Anticorrupción tienen énfasis preventivo de acción inmediata y con una orientación de largo plazo.

Para el consejero de Gobierno para la Gobernanza y Gestión Institucional, Luis Verdesoto, los componentes de esta propuesta son la prevención y riesgos, la investigación y detección y la sanción y la recuperación.

“Los lineamientos pone especial atención en la coordinación e intercambio interinstitucionales y la prevención que incentiva los comportamientos para lograr decisiones públicas no corruptas”, insistió.

Además, el Primer Mandatario expresó que este mal es una barrera contra el desarrollo que roba los recursos a la protección social, la reactivación económica y la seguridad.

“No dudaré en cambiar a funcionarios corruptos, cuando las evidencias así lo indiquen”, afirmó Lasso.

Entre tanto, que ratificó la importancia de estar atentos a la calidad del gasto público, austeridad fiscal, disciplina financiera, contratación pública que cumpla estándares internacionales. Respeto a las competencias de los organismos encargados de la investigación y la sanción. “El Ejecutivo debe colaborar en todo. La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría tendrán todo el apoyo dentro de mis competencias”, enfatizó el Jefe de Estado.

Por ello, Lasso anunció que: “De modo autónomo, pero coincidente con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), conformaremos una Comisión Nacional Anticorrupción”. Esta entidad coordinará la implementación de la estrategia y las políticas dirigidas por la función Ejecutiva, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto y planteará acciones anticorrupción.

Así mismo, el Presidente de la República, Guillermo Lasso informó que para conformar la comisión se ha considerado invitar a otras funciones del Estado y en calidad de observadores se prevé la participación del SERCOP, UAFE, SRI, superintendencias, sociedad civil, universidades, medios de comunicación y gremios.

Por lo que, la política anticorrupción tiene que recoger la sensibilidad de la opinión pública y los criterios de la sociedad en todo el territorio nacional.

El Gobierno Nacional, con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) y el Sistema de Naciones Unidas, iniciará el proceso de construcción de la Política Nacional Anticorrupción y su estrategia, a través de la consulta nacional inclusiva, para recoger la voz de los actores de la sociedad y sus organismos representativos. El proceso iniciará en enero de 2022 y terminará en abril.

Según, la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lena Savelli, resaltó la trascendencia de entablar acuerdos y acciones conjuntas para atender esta causa. “Prevenir y abordar la corrupción, es deber y una responsabilidad compartida”. Reconoció los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano para alcanzar una gestión pública más transparente.

Sin embargo, “saludaron la iniciativa de este día, pues será el puntal principal para la construcción de una política. Solo así el Ecuador podrá avanzar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles al 2030, favorecer la erradicación de pobreza, promover la igualdad de género, protección del planeta y garantizar el acceso a servicios de educación y salud”, manifestó.

Finalmente, el presidente Lasso reconoció que la lucha contra la corrupción no se agota en el endurecimiento de penas ni en cambios legislativos. Es imprescindible que el país disponga de nuevos instrumentos jurídicos. Y propondrá proyectos sobre conflicto de interés, puertas giratorias, cabildeo y transparencia, acceso a la información pública. Expedirá el reglamento a la ley de protección de datos personales. “Detener la corrupción es una obligación moral de todos”, precisó.