La comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional, aprobó con 8 votos a favor la metodología y el cronograma de trabajo, para la investigación sobre la actuación de los servidores públicos inmersos en los casos de escasez de medicamentos para el tratamiento de las personas con discapacidad y con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas.

Además, la situación de la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud, serán materia del análisis de la comisión.

Así mismo, la comisión desde enero 2022 continuará con los pedidos de información y comparecencias de los funcionarios de varias instituciones, entre ellas del ministerio de Economía y Finanzas; Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP); Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); el Institutos de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

Por lo que, los asambleísta esperan contar con el informe borrador hasta el 23 de enero. No obstante, no se descarta pedir una prórroga y hasta finales de enero 2022 presentar el informe no vinculante definitivo, que será puesto a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional.

Finalmente, el presidente de la comisión, Marco Molina, aseguró que desde el 6 de diciembre, iniciaron el trabajo han puesto todo su esfuerzo y capacidad para avanzar en el proceso de fiscalización. Se advirtió las grandes falencias evidenciadas en el sistema de salud, que no son problemas de los últimos años, sino estructurales que necesitan ser analizados desde diferentes aristas, precisó.

El Gabinete Sectorial de Seguridad dirigido por la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, analizaron la situación del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y las medidas que adoptadas frente a la culminación del estado de excepción, el próximo 28 de diciembre.

Con el objetivo de respaldar el trabajo de la Policía Nacional, establecieron que las Fuerzas Armadas continuarán proporcionando seguridad en el perímetro externo de los centros de privación de libertad.

Además, participarán en las operaciones del control de porte y tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos, conforme a la ley.

También, indicaron que se intensificarán las acciones preventivas, disuasivas y patrullajes en vías de acceso a las cárceles del país y al interior de los centros se mantendrán las fuerzas de reacción para una actuación inmediata, conforme a la normativa y los protocolos de seguridad vigentes.

Las acciones de control tienen la finalidad de mantener el orden en los centros penitenciarios.

Finalmente, el Gabinete Sectorial de Seguridad efectuará el seguimiento a la intervención que realiza a todos los centros de privación de libertad, en los procesos, reforzar la infraestructura, gestión fundamental para fortalecer la seguridad.