El presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis señaló que no cuestionan si es legal o no, “lo que nos mantenemos es que tratándose de impuestos, aún que se le denomine como taza solidaria, tenía el pueblo que participar en este tema de interés público, así lo estable la Constitución de la República y el COOTAD.
De igual forma, una vez aprobada la ordenanza 19, la prefectura de Pichincha tenía que hacer conocer por todos los medio y no esperar que sea las redes sociales, pero nada de eso sucedió, expresó.
Así mismo, Brunis insistió que el COOTAD establece la facultad para los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales aprobar ordenanzas, el pueblo tiene el derecho a participar, ser informados, consultado, pero estos tres ingredientes fueron omitidos por la prefectura de Pichincha.
Sin embargo, de acuerdo a la información recopilar, la ordenanza aprobada el informe técnico de 404 mil vehículos, realizan con una inconsistencia porque solo en el Distrito Metropolitano de Quito en el 2020, “cuando se presentó un proyecto de ordenanza municipal decían que hay 570.000 vehículos que debían pasar la revisión técnica vehicular, por lógica matricular el vehículo en julio del 2020, que pasó ahí. Cuántos vehículos ingresaron en ese año tres meses, explicó, el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha.
La pregunta es porque no se puso un número más objetivo más real y no 404 mil, eso nos genera realmente incertidumbre, la forma como fue aprobada la ordenanza 19, lo que indigna a los compañeros transportistas, “no estamos en contra que se mejoren las vías, porque a fin de cuentas el mejoramiento de las vías da como resultado que haya mejor movilidad, que los vehículos se mantenga en mejor estado, eso no lo cuestionamos, lo que estamos en contra es la forma, el procedimiento, más aún cuando inclusive la sesión de septiembre 2021, conocieron el informe técnico del delegado de la perfecta que constaba la socialización del proyecto de ordenanza, insistió.
Por lo que, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha y en calidad de presidente convoque el 25 de enero a los representantes de las diferentes modalidades, transporte pesado, público, escolar, turísticos, camionetas, taxis convencionales y ejecutivos, consultados si habían sido invitados alguna socialización para conocer el tema y definitivamente ningún de los compañero fueron, se marginó nuestro derecho a la participación ciudadana, insistió Carlos Brunis.
De igual forma, el malestar se ve en sectores como los motociclistas, vehículos usados, Darío Paladines, rechazó esta imposición o multa, denominada taza solidaria, “rompe el principio de solidaridad cuando me obligan a través de una ordenanza hacer un pago sopena que si no se cancela viene la coactiva, entonces, no es una tasa solidaria”, solidaridad significa dar voluntariamente algo, sostuvo.
Para que se corrija el error presentamos como Federación de Transporte Terrestre de Pichincha a la prefectura de Pichincha, la propuesta para que se derogue el artículo 6 de la ordenanza 19, dijo.
Por otro lado, los representantes de los vehículos usados, motociclistas van a presentar una acción de protección con medidas cautelares, para que se suspenda el pago hasta que se resuelva definitivamente y nos han pedido participar, afirmó Brunis.
Impulsaremos todas las acciones legales, pero no paralizaremos hoy que la ciudad atraviesa el desastre de la naturaleza, más bien estamos enfocados en armar un equipo de trabajo para ayudar a los afectados del aluvión, incluso hay compañeros transportistas afectados y vamos a dar todo nuestro apoyo, manifestó.
Mientras tanto, a la comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, solicitamos investigar y al alcalde de Quito, Santiago Guarderas como parte del directorio del Consejo Provincial proponga derogar la ordenanza, pero no tenemos respuesta del alcalde y hay incertidumbre por la actuación del delegado del municipio de Quito.
Según, Brunis en principio el alcalde de Quito es el responsable, si hay un delegado, entendemos que estaba informado, la ciudadanía no conoce del concejal René Bedón peor del alcalde, no conocemos un pronunciamiento del alcalde de Quito, considerando inclusive que la capital tiene el 80% del parque automotor de la provincia.
Finalmente, alrededor de 600 mil vehículos tenían que pasar la revisión vehicular, mayor responsabilidad, seriedad cuándo le encargan un cargo de principio a fin, el concejal René Bedón, si se pronunció con su voto negativo en la primera votación debía mantenerse en la segunda votación y no salirse, eso demuestra que realmente no está defendiendo los intereses del pueblo que lo eligió. Es importante que la Contraloría General del Estado investigue, precisó.
El Informativo Ecuador 