El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó cinco solicitudes de juicio político presentados en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías Valores y Seguros; Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos; Carlos Riofrío González, contralor General del Estado subrogante; e, Íñigo Salvador Crespo, Procurador General de Estado, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, por incumplimiento de funciones.

De acuerdo a los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, plantearon (en solicitudes separadas) el enjuiciamiento político en contra de Víctor Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.

Por su parte, el legislador Darwin Pereira propuso el juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, Ruth Arregui Solano.

Mientras tanto, el asambleísta Ronny Aleaga acusa al Contralor Subrogante, Carlos Riofrío González.

Finalmente, el parlamentario Ferdinan Álvarez busca se sancione al Procurador General del Estado, Íñigo Salvador Crespo.

El proceso de investigación del caso denominado “Pandora Papers” continúan, la Comisión de Garantías Constitucionales recibió a técnicos y expertos internacionales para que aporten con sus criterios técnicos sobre la deuda externa, paraísos fiscales y la necesidad de mayor transparencia en estos casos.

Con 7 votos a favor, la comisión resolvió convocar por tercera ocasión a Roger Arosemena Benítez, por ser funcionario público, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que informe respecto de este caso.

También, comunicará al Consejo de la Judicatura para que exponga la normativa interna que tiene para los funcionarios, en el caso de no asistir al llamado que le hace la Comisión de Garantías Constitucionales.

Por su parte, Ramiro Chimurris, experto en deuda externa y paraísos fiscales de Uruguay, dijo que es necesario diferenciar entre lo que es la elusión fiscal y evasión fiscal. Estos mecanismos se usan para evitar el pago de impuestos y constituye una forma de planificación fiscal agresiva donde el interesado aprovecha vacíos de otras legislaciones para obtener ventajas no previstas en la normativa tributaria de su país.

Además, que los paraísos fiscales son instrumentos de elusión fiscal y facilitan a personas o empresas una tributación reducida o la opacidad en las operaciones. En este contexto, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial se debe combatir la práctica de paraísos fiscales, dijo.

Para Eric Toussaint, experto internacional, los paraísos fiscales sirven para la evasión fiscal y la fuga del capital, por lo que miles de millones de dólares escapan al fisco de los diferentes países.

Por lo que, la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular aprobada en Ecuador en el 2017, sobre paraísos fiscales, es aplicable al presidente de la República, porque entre otros aspectos, “prohíbe transferir su propiedad a miembros de su familia hasta el cuarto grado de consanguinidad”, señaló.

Finalmente, Andrés Knobel, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, se refirió a la identificación de paraísos fiscales, el riesgo de los trusts y la necesidad de mayor transparencia. Respecto a los Pandora Papers, comentó que el país debería pedir información sobre personas jurídicas ante fideicomisos extranjeros que tengan bienes u operaciones en Ecuador, precisó.