La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó para este miércoles 17 de noviembre a las 10h00, a la sesión No. 740 del pleno, el objetivo conocer y resolver sobre el informe de la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

Además, este informe fue realizado en virtud de la disposición del Pleno de la Asamblea Nacional mediante Resolución No. RL-2021-2023-030.

La comisión ha escuchó y receptado los aportes de autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil; familiares de personas privadas de la libertad; representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria; expertos nacionales e internacionales, académicos y visitado a varias cárceles del país, lo que permitió contar con un total de 839 requerimientos de información.

Así mismo, las recomendaciones aprobadas por la comisión de Soberanía y Seguridad Integral constan:

1. Acciones referentes al sistema de seguridad, política pública, presupuesto, política criminal, seguridad e inteligencia penitenciaria, rehabilitación social, situación de las personas privadas de la libertad, entre otros.
2. Recomienda al Centro de Inteligencia Estratégica elaborar un plan estratégico de inteligencia y contrainteligencia, desde una visión retrospectiva y prospectiva que permita identificar los factores asociados a la violencia y la extorsión dentro de los centros de privación de libertad.
3. Al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social sugiere que, en coordinación con el Gabinete sectorial de seguridad, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Función Legislativa y la Academia, diseñen una propuesta de política criminal con énfasis en las medidas de prevención de las conductas delictivas, la revisión de los tipos penales de menor reproche social y la evaluación de los actuales regímenes penitenciarios que permita distinguir las respuestas antidelincuenciales de aquellas anticriminales.
4. Al Presidente de la República se le recomienda asignar los recursos presupuestarios que permitan fortalecer las capacidades instaladas de los centros de privación de libertad en cuanto a los recursos humanos en las áreas de trabajo social, psicología y orientadores de las actividades en los distintos ejes de tratamiento.
5. Al Consejo de la Judicatura se le sugiere elaborar un plan de fortalecimiento institucional que promueva acciones a corto, mediano y largo plazo para el incremento de la confianza ciudadana en el sistema judicial y percepción de no impunidad.

Finalmente, el informe resalta que es imprescindible crear verdaderas comunidades de seguridad integral, donde la ciudadanía tenga un rol protagónico frente a un problema que afecta directamente, aunque no sea su responsabilidad primaria combatirlo. Exigir la articulación a los GAD como actores estratégicos que permitan organizar a la población, en base de la confianza y credibilidad de sus autoridades en territorio.