La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, convocó para este miércoles 17 de noviembre a las 10h00, a la sesión No. 740 del pleno, el objetivo conocer y resolver sobre el informe de la comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.

Además, este informe fue realizado en virtud de la disposición del Pleno de la Asamblea Nacional mediante Resolución No. RL-2021-2023-030.

La comisión ha escuchó y receptado los aportes de autoridades, representantes de organizaciones de la sociedad civil; familiares de personas privadas de la libertad; representantes de los agentes de seguridad y vigilancia penitenciaria; expertos nacionales e internacionales, académicos y visitado a varias cárceles del país, lo que permitió contar con un total de 839 requerimientos de información.

Así mismo, las recomendaciones aprobadas por la comisión de Soberanía y Seguridad Integral constan:

1. Acciones referentes al sistema de seguridad, política pública, presupuesto, política criminal, seguridad e inteligencia penitenciaria, rehabilitación social, situación de las personas privadas de la libertad, entre otros.
2. Recomienda al Centro de Inteligencia Estratégica elaborar un plan estratégico de inteligencia y contrainteligencia, desde una visión retrospectiva y prospectiva que permita identificar los factores asociados a la violencia y la extorsión dentro de los centros de privación de libertad.
3. Al Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social sugiere que, en coordinación con el Gabinete sectorial de seguridad, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Función Legislativa y la Academia, diseñen una propuesta de política criminal con énfasis en las medidas de prevención de las conductas delictivas, la revisión de los tipos penales de menor reproche social y la evaluación de los actuales regímenes penitenciarios que permita distinguir las respuestas antidelincuenciales de aquellas anticriminales.
4. Al Presidente de la República se le recomienda asignar los recursos presupuestarios que permitan fortalecer las capacidades instaladas de los centros de privación de libertad en cuanto a los recursos humanos en las áreas de trabajo social, psicología y orientadores de las actividades en los distintos ejes de tratamiento.
5. Al Consejo de la Judicatura se le sugiere elaborar un plan de fortalecimiento institucional que promueva acciones a corto, mediano y largo plazo para el incremento de la confianza ciudadana en el sistema judicial y percepción de no impunidad.

Finalmente, el informe resalta que es imprescindible crear verdaderas comunidades de seguridad integral, donde la ciudadanía tenga un rol protagónico frente a un problema que afecta directamente, aunque no sea su responsabilidad primaria combatirlo. Exigir la articulación a los GAD como actores estratégicos que permitan organizar a la población, en base de la confianza y credibilidad de sus autoridades en territorio.

Los últimos hechos en la penitenciaría del Litoral reunieron a todas las autoridades.   “Con el trabajo y la coordinación entre las instituciones llevo a concretar el acuerdo nacional para afrontar la crisis penitenciaria. Estamos seguros de que la única forma de vencer a este enemigo es con la unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución y la ley en la mano”, dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Una larga jornada mantuvo esta mañana de este 15 de noviembre 2021 el Primer Mandatario, con autoridades de las diferentes funciones del Estado. En la reunión, Lasso anunció las siete medidas que conformarán el acuerdo.

Además, el Jefe de Estado, desde la Gobernación de Guayas, expresó que las funciones del Estado se encuentran profundamente consternadas por las pérdidas humanas y se solidarizaron con las familias de las víctimas.

Así mismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso explicó reconocer que “el Ecuador se encuentra bajo una grave amenaza externa por el ataque de las mafias del narcotráfico; las mismas que pretenden tomar el control de los centros de privación de libertad en el país y quitarnos la tranquilidad en las calles”.

Por ello, en un acto de responsabilidad con el país se garantiza una respuesta integral para la seguridad ciudadana y conforme el artículo 226 de la Constitución de la República, se establece un Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria que de inmediato implementará las siguientes acciones:

1. Se iniciará el proceso de pacificación a través del diálogo, bajo el respeto de los derechos humanos y con el apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.

2. Se enviará un proyecto de Ley de Defensa Ciudadana a la Asamblea Nacional, que será elaborado por el ministerio de Gobierno con la participación de la Procuraduría General del Estado.

3. La Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura coordinarán acciones en el ámbito de sus competencias para el ágil y efectivo trámite de los beneficios penitenciarios solicitados por aquellas personas privadas de la libertad (PPL).

4. Se mantendrá la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario, de manera indefinida, de conformidad con la Constitución y la ley.

5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) promoverá la participación de los ciudadanos en mesas de dialogó entre el Estado y la ciudadanía, incluyendo el propósito de acompañar un proceso de reparación integral a las familias afectadas.

6. Indultos a ciudadanos con enfermedades catastróficas que se encuentren en los centros penitenciarios.

7. La Fiscalía General del Estado contribuirá con la aceleración de los procesos investigativos para la seguridad de los ciudadanos.

Finalmente, el Mandatario insistió que “es indispensable enfrentar unidos este problema de carácter global, descrito en esta sesión de trabajo, como una de las más grandes crisis de las últimas décadas”, precisó.

Los ministerios de Turismo y de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, convocan a los guías naturalistas, cuya credencial estaban vigente hasta 2010, a postular a la evaluación de conocimientos, a fin de que puedan actualizar sus credenciales.

Además, las postulaciones se recibirán a partir del 15 de noviembre, hasta el 30 de noviembre de 2021, a través del siguiente enlace: https://servicios.turismo.gob.ec/examen-guias-deturismo.

Así mismo, los guías deberán llenar la información y revisar los requisitos definidos para este proceso por el ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Según, establece la Disposición Transitoria Sexta del Reglamento de Guianza turística, publicado en Registro Oficial No. 343 del 3 de diciembre de 2020.

Finalmente, la evaluación se realizará por una única vez, de acuerdo a lo que señala la normativa, cuya fecha será informada oportunamente a los postulantes, de acuerdo al cronograma y publicado.

El Ministerio de Educación abrió las inscripciones para la fase de elegibilidad del concurso de méritos y oposición para Directivos, del 15 al 24 de noviembre de 2021. El proceso permitirá que los docentes accedan a un cargo directivo como máxima autoridad de un establecimiento educativo.

Además, los participantes deberán inscribirse a través de la página web www.educacion.gob.ec y participar aquellos que cumplan con los siguientes requisitos:

1. Tener título profesional de tercer o cuarto nivel en el campo de la educación.
2. Acreditar por lo menos 10 años de docente en el sector público.
3. Aprobar las evaluaciones del INEVAL.
4. Dominar un idioma ancestral en el caso de instituciones interculturales bilingües.
5. No tener prohibiciones de trabajar en el sector público.

Mientras tanto, para obtener la elegibilidad, el maestro a ocupar un cargo directivo deberá superar la prueba psicométrica en su componente de razonamiento y la prueba estandarizada de conocimientos.

Sin embargo, los aspirantes que cumplan de forma conjunta con los requisitos, se convertirán en candidatos elegibles y podrán continuar en los concursos públicos de méritos y oposición.

Finalmente, el proceso se abre después de 4 años con el propósito de dignificar la carrera docente y se enmarca en el eje “Fuertes” que lleva la actual administración junto con el Gobierno Nacional.