El Gobierno Nacional trabaja para mejorar el sistema de seguridad social en el país, con estrategias y lineamientos que reformen la estructura en beneficio de los afiliados.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, se reunió con las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para analizar la situación de la entidad.

Para el director general del IESS, Nelson García el Mandatario permitió exponer los aspectos necesarios para la debida funcionalidad de la institución.

También, analizaron la parte económica y operativa de la seguridad social del país.

Además, establecieron una mesa de diálogo para llegar acuerdos.

Mientras tanto, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, indicó que existen distintas reformas y cambios que se tratan al interior del Gobierno y los representantes del IESS para buscar soluciones a mediano plazo para el bien de los ecuatorianos.

Finalmente, el trabajo entre autoridades del Seguro Social y el Gobierno Nacional, se realizarán de manera permanente, con miras a encontrar las mejores alternativas para fortalecer y proteger los recursos de los afiliados y jubilados del IESS.

El Estado ecuatoriano dio un paso importante para el fortalecimiento de su institucionalidad mediante la presentación e implementación de la “Procuraduría del Futuro”, moderno modelo de gestión impulsado por la Procuraduría General del Estado, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que la iniciativa, busca  precautelará los recursos de la nación por concepto de arbitrajes judiciales.

Además, el Mandatario dijo que este programa se alinea con la prioridad del Gobierno Nacional en fortalecer la institucionalidad del Estado y capacitar a los funcionarios para servir mejor a la ciudadanía y felicitó al procurador, Íñigo Salvador.

Los objetivos del proyecto son: reducir la conflictividad judicial del Estado, capacitar permanentemente al personal jurídico de la PGE y entidades estatales incluidas los gobiernos locales y crear una plataforma tecnológica que apoye los procesos que llegan a la institución.

Así mismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso manifestó que en la Procuraduría General del Estado, reposan 102.450 procesos nacionales y 34 internacionales activos, sin contar una resolución, a lo largo del tiempo y los que se libran en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que representa más de 57.000 millones de dólares en demandas. “Si reducimos el 10% de procesos, evitaríamos pagar 5.700 millones de dólares, un monto mucho menor que nuestro actual déficit fiscal. Recursos que podrían ser direccionados a salud, educación, empleo y seguridad.

Por otro lado, el Jefe de Estado, expresó su respaldo al procurador Íñigo Salvador, a su criterio es vital respetar los periodos de las autoridades, “independientemente de nuestras visiones”.

Por su parte, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador aseguró que el propósito es presentar un proyecto que nace de la necesidad de evitar que Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios.

Esto tomando como base el ciclo de defensa jurídica que lleva adelante la PGE, cuyos eslabones son: prevención, solución amistosa, representación en juicio y recuperación es indispensable una modernización de la gestión que tenga como base la prevención de conflictos.

Según, la propuesta creará un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado dirigido por la Procuraduría General del Estado. El cuerpo de procuradores que actuará con enfoque preventivo, énfasis a los procesos antes de que lleguen a instancias judiciales con el objeto de disminuir la conflictividad judicial, reducir el riesgo fiscal y pasivos contingentes estatales, e incrementar progresivamente la seguridad jurídica y cultura de paz para los ciudadanos”.

El Banco Interamericano de Desarrollo, financiará el Proyecto de fortalecimiento institucional de la Procuraduría. Con un préstamo de 5.000 millones de dólares que servirán para ejecutar este proceso que inició en el 2019 y terminará en el 2023.

“Creemos estar en capacidad de crear un impacto en las finanzas del Estado ecuatoriano en procesos de defensa jurídica”, resaltó Salvador.

La implementación del nuevo modelo de gestión, con un sólido enfoque preventivo y previendo una reducción de al menos 1% de casos, permitirá un ahorro aproximado al país de 570 millones de dólares al año.

“Desde el 1 de diciembre inicia la fase de prueba y ajustes del nuevo modelo de gestión y a fin de mes lo aprobaremos definitivamente, así como cada uno de sus instrumentos.

En cambio, el 1 de enero 2022 comenzará su implementación”, explicó el funcionario, al tiempo que convocó al compromiso de todas las autoridades de las instituciones estatales para garantizar el éxito de este programa.

Mientras tanto, Juan Carlos de la Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), insistió que el organismo ve con agrado que Ecuador actúe con una visión de desarrollo sostenible con miras al 2025, aspecto que se basa en pilares fundamentales como: creación y facilitación de posibilidades de inversión; combate al cambio climático y fortalecimiento de la institucionalidad para tener sostenibilidad fiscal.

Finalmente, Hoz sostuvo que el BID acompañará el programa de la Procuraduría General del Estado. “Estos temas son importantes de cara a la transparencia al ciudadano e inversores. Tenemos plena confianza en las posibilidades de crecimiento y de atención de los sectores más vulnerables. Seguiremos con todo nuestro empeño en transmitir la capacidad de fortalecimiento de la institucionalidad del Estado, seguridad jurídica y del Estado de Derecho”, precisó.